El BOE del pasado 21 de mayo publicó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética con la que España pretende alcanzar antes del año 2050 la denominada neutralidad climática y donde se establecen los objetivos para alcanzar la plena descarbonización de la economía con un sistema eléctrico 100% renovable.

Según la ministra, Teresa Ribera, esta nueva ley permitirá modernizar nuestra industria y hacerla competitiva en los nuevos mercados, fortalecer nuestro tejido social, atraer inversiones en las tecnologías del futuro, evitar riesgos financieros, generar empleo estable y facilitar una distribución equitativa de la riqueza en el proceso de descarbonización, guiado por criterios de justicia social y estrategias de transición justa.

La ley marca objetivos cuantificados de gases de efecto invernadero, de renovables y de eficiencia energética, que constituyen un mínimo inquebrantable porque se revisarán siempre al alza. Estos objetivos se sitúan por encima de aquellos objetivos asignados por la Unión Europea (UE) a España. El proyecto está alineado con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que recoge las medias y herramientas necesarias para poner en marcha la transición ecológica .

Esta “ambición inquebrantable”, en palabras de Teresa Ribera, se ve reflejada, por un lado, en los objetivos de reducción de emisiones en sectores difusos (movilidad, usos térmicos en edificios, residuos o agricultura): España se compromete a una reducción del 39%, 13 puntos por encima de la meta del 26% fijada por la Unión Europea.

Asimismo, mientras la UE establece una penetración de renovables entre un 38% y un 40% en el consumo final de energía para 2030, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece para España un 42%. En lo que respecta a eficiencia energética, Europa considera necesario un aumento de entre el 36 y el 37% para 2030, mientras que el objetivo español se sitúa en el 39,5%.

En la nueva ley se prevé que el Gobierno ponga en marcha en los seis primeros meses desde su entrada en vigor d un plan de rehabilitación de viviendas y renovación urbana, y que las Administracionesaprueben incentivos para la “introducción de las energías renovables”, de forma que se impulse el autoconsumo y la calefacción y refrigeración de cero emisiones. También se apuesta por el uso de materiales con la menor huella de carbono posible y por las mejoras en la accesibilidad.

El texto normativo también aborda aspectos que tienen que ver con la movilidad, como la prohibición de veneder turismos y vehículos comerciales que emitan CO2 más allá de 2040, que los municipios de más de 50.000 habitantes deberán adoptar planes de movilidad sostenible y los de más de 20.000 habitantes aprobar zonas de bajas emisiones, y las gasolineras y edificios no residenciales deberán contar con puntos de recarga para vehículos eléctricos, entre otros.

La ley también prevé reformar en un año la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en las comunidades de propietarios.

El texto completo puede consultarse aquí.