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La decana de COPITIBA, Vicenta Gómez, ha solicitado que la Ley de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura, cuya reforma se encuentra en tramitación, la obligación de los profesionales colegiados de disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional.

Gómez ha realizado esta petición durante su intervención en la Comisión de Administración Pública de la Asamblea de Extremadura, donde ha explicado que el motivo de esta exigencia “no es otro que la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios que se les presta por estos profesionales”.

La decana ha recordado que el objetivo de los seguros de Responsabilidad Civil Profesional es hacer frente a los daños personales, materiales y consecuenciales que, involuntariamente, por sus errores u omisiones, el profesional haya podido causar a sus clientes en el ejercicio de su profesión, así como los perjuicios que de ellos se pudieran derivar.

Además, hay que tener en cuenta que en la última década se ha producido un “gran aumento de las reclamaciones por daños a terceros ocasionados por errores o negligencias en el desempeño de diversas profesiones, y se trata de una tendencia al alza”, ha afirmado Gómez.

Por ello, durante su participación en la Comisión ha subrayado que la  obligatoriedad para ciertas actividades de este tipo de seguro es un “valioso instrumento de generación de confianza y seguridad en las relaciones comerciales, pues todos los potenciales clientes y cualquier tercero tendrán la certeza de que el profesional que le presta un servicio tiene cubierta la eventual responsabilidad civil profesional en la que pudiera incurrir, y cada vez son más las profesiones para las que este tipo de seguro es requisito indispensable”.

La decana de COPITIBA también ha destacado que la exigencia de que los profesionales dispongan de un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional “no causa ningún perjuicio no perjudica a nadie y su falta o carencia podría generar daños muy graves, incluso irreparables, al destinatario del servicio prestado, a terceros o al patrimonio del profesional implicado”.

Por último, Vicenta Gómez ha recordado a los diputados extremeños que hay una “clara tendencia” a establecer en leyes y reglamentos esta obligación o bien a contar con una “garantía financiera” para poder ejercer determinadas profesiones, especialmente las de relevancia social, como ingenierías, sanitarias, abogacía y asesoría, entre otras.